Un pueblo con salud es un pueblo con democracia

Un pueblo con salud es un pueblo con democracia

Por Antonio Maya

Democracia y salud en México

Hoy me entero del cese del director médico de un hospital regional en un estado de la república por el gobernador en turno —omitiré los detalles geográficos para evitar el aflore de emociones destructivas—, lo que se sabe es que pocas semanas antes se le otorga el nombramiento y el facultativo inicia la revisión de los permisos operativos estatales del nosocomio, al darse cuenta que las instalaciones no cuentan con registro sanitario —situación increíble para el funcionamiento y el traspaso de recursos económicos por parte del Régimen Estatal de Protección Social en Salud— inicia los trámites y registros necesarios en la capital del estado, con la necesidad de acudir personalmente —ya que el cargo se lo obliga— y en su ausencia el Ejecutivo estatal visita las instalaciones hospitalarias —las cuales presentan un rezago en mantenimiento de varios años—, al deambular por los pasillos de manera solitaria se encuentra con diversas quejas del personal, lo que genera la destitución inmediata del “médico novo”, sin la venia del director de hospitales y mucho menos del Secretario de Salud estatal, lo que intenta enviar un mensaje de estar presto a dar solución inmediata incluso a los problemas heredados del sector salud de la región.

Los problemas de salud que se tienen en todo México van mas allá de la mala gestión de un director médico —si es que la destitución tuviera una razón de peso— y generalmente inician con el desconocimiento —principalmente de quienes gobiernan—, de lo que significa la salud pública como una práctica social que debe estar coordinada en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal y que tiene como meta generar las condiciones necesarias para que la población mantenga la salud física, mental, social y prolonge la vida de las personas con calidad a través de un entorno saludable; diversas disciplinas convergen en la salud pública: ingeniería, psicología, economía, sociología, demografía, ciencias políticas, medicina, entre muchas más.

Hablar de salud pública no sólo es apasionante, es aprender a reconocer que la salud esta inmersa en cada actividad que se realiza diariamente por cada persona viva en el mundo: seguridad pública para caminar por una acera en buen estado, tener acceso a alimentos de calidad, areas verdes para realizar actividades lúdicas y deportivas, espacios seguros pasar tiempo con los seres queridos, por citar algunos ejemplos, terminan por generar un estado de plenitud en las personas, lo que se traduce en una vida saludable; sin embargo, no se educa para mirar la salud, mas bien se tiene un enfoque tendencioso y perverso hacia la enfermedad y hacia los médicos, por ejemplo: se cree que cuando llega una persona infartada a un servicio de urgencias de un hospital, el médico en turno debe cargar con toda la responsabilidad de devolverle la salud al paciente enfermo —aunque de antemano se sabe que los sistemas de producción alimentaria, las condiciones de vida, de trabajo y el estilo de vida sedentario son generadores de enfermedad — y si llega a fallecer el paciente, los familiares tachan al médico de negligente, incapaz, irresponsable y se pide su cabeza a la autoridad, pero ¿quién es el responsable de las condiciones socioeconómicas en que vive la gente? ¿decidirá el individuo voluntariamente que su alimentación sea a base de alimentos con grasas trans o su ingreso es tan escaso que es lo que puede adquirir?, ¿quién permite la producción o entrada al país de alimentos nocivos para la salud? y peor aún ¿quiénes son los responsables de que el sector salud carezca de personal, insumos, equipo y mantenimiento suficientes para atender cualquier eventualidad médica? Entonces la responsabilidad no solo es del médico o de la población, es una responsabilidad principalmente del Estado el generar las condiciones socioeconómicas necesarias para que la gente alcance el grado máximo de salud que pueda lograr.

La salud es un derecho inalienable expresado en el artículo 4º Constitucional, pero en general poco entendido: significa que el derecho a la salud no puede ser enajenado, vendido, cedido a otra persona y que nadie puede ser privado de ese derecho, no es una dádiva, no es un regalo, no es un favor proveniente de un político hacia el pueblo, es una obligación del Estado procurar la salud de la población, sin embargo, los recursos federales llegan escasamente a los hospitales estatales y obligan a la población mas necesitada a solventar con gran dificultad gastos médicos mayores con ingresos propios —considerados gastos catastróficos— lo cual genera una trampa de pobreza en las familias mexicanas —es de mencionar que actualmente el CONEVAL reporta que el 43.6% de la población mexicana vive en situación de pobreza y el 50.6% tienen un ingreso inferior a $2,899.00 al mes en zona urbana y de $1,888.87 en zona rural.

La justicia es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece, por lo tanto vivir en una sociedad justa y democrática es lograr que los recursos destinados a procurar salud poblacional se apliquen adecuadamente, que los programas estatales de salud pública se refuercen y se lleven a cabalidad en los tres niveles de gobierno y por supuesto garantizar el acceso a un servicio de salud digno.

Los políticos que gobiernan los diversos estados de la República deben de nombrar a un médico salubrista con experiencia como Secretario de Salud y darle las garantías necesarias para el desarrollo de sus funciones, solicitarle que se enfoque en la revisión de los programas estatales de salud pública y verificar que los recursos federales lleguen realmente a la gente que más lo necesita, a esa población que gana menos de un salario mínimo al mes, en lugar de estar destituyendo directores médicos de manera unilateral.

Recordemos que la salud pública no puede prosperar donde no existe la verdadera democracia.

¡Difícil de lograr!

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