¿Tiene el médico la responsabilidad de devolver la salud?

J. Antonio Maya A.

Cirujano Maxilofacial.

Maestría en Salud Pública y Gerencia en Servicios de Salud.

 

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Se tiene la costumbre de acudir a la atención médica (en cualquiera de sus ramas y especialidades), sólo cuando se presenta una enfermedad; creer que el personal médico y paramédico tiene la obligación de devolver la salud de manera exitosa y relativamente inmediata, ha llevado a considerar que de no lograrlo es por causa de una negligencia médica.

Entre la población, el análisis de las definiciones del proceso de salud – enfermedad, poco se realiza. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social; y no solamente la ausencia de la enfermedad”. La definición no ha sufrido cambios desde 1948, pero hoy ese concepto de salud es una utopía, ya que el estado de bienestar es subjetivo, multifactorial y relacionado sólidamente con los determinantes sociales de la salud.

Un aspecto que envuelve el proceso de salud – enfermedad es el pensamiento mágico religioso arraigado en nuestra sociedad y fomentado por diversas instituciones sociales, educativas e incluso gubernamentales (a pesar de ser un país laico). Hoy todavía encontramos personas que creen que la salud es una dádiva celestial y no restaurarla es consecuencia del error humano; aún la ley, primero en tiempos de Moisés y luego de Jesús establecieron normas sanitarias, higiénicas y sociales para lograr que la comunidad mantuviera la salud y en caso de enfermedad se ordenaba la modificación de los hábitos de comportamiento social para regresar a un equilibro que generara salud y evitara que el estado de enfermedad se perpetuara tanto en la persona como en la población. Ya desde tiempos antiguos, se observaba la corresponsabilidad del pueblo con su salud.

La definición de salud de OMS, dista mucho de cumplirse en México; en diversas regiones de nuestro país e incluso en comunidades urbanas, los recursos disponibles e invertidos no alcanzan; la falta de cultura por el autocuidado agrava el proceso de enfermedad cuando este se presenta; el insuficiente abastecimiento de agua potable, la ineficaz recolección de basura y el mal estado de los rellenos sanitarios son focos de infección latente en diversas comunidades; el bajo nivel educativo, la falta de espacios seguros para realizar actividad física, el salario insuficiente y la pobreza entre otros determinantes, impiden mejoras en las condiciones de salud poblacional y juegan un papel preponderante en la génesis del proceso salud – enfermedad y por supuesto dificultan notablemente la atención médica.

La enfermedad es la pérdida o incapacidad de alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social; entonces la enfermedad es una cicatriz corporal de la desigualdad en la que se vive y difícilmente podrá ser curada con un medicamento o un procedimiento quirúrgico.

Sin embargo, en México, los patrones de mortalidad, morbilidad e incapacidad están cambiando; como país miembro de la OCDE desde 1994, ha tratado de resolver aunque con resultados insuficientes, las enfermedades mal llamadas de la pobreza y con gran prevalencia en el país (enfermedades infecciosas, desnutrición, enfermedades de la reproducción, mortalidad materno-infantil, etc.); si agregamos el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas (o enfermedades de la abundancia o la riqueza), más una base socio-económica deficiente y un sistema de salud fragmentado e insuficiente, se genera un estado de enfermedad tan complejo, que se deja en  vulnerabilidad al gremio médico, al creer que éste tiene la responsabilidad de devolver un estado de salud cuando sólo puede coadyuvar y atenuar los estragos de una desigualdad generada a lo largo de los años.

Los profesionales de la salud debemos actuar con responsabilidad, elaborar una historia clínica y social donde queden patentes los determinantes sociales asociados a la enfermedad presente, establecer el proceso de consentimiento informado, que no es más que un proceso de comunicación y empatía con el paciente, donde se le informa el diagnóstico, la génesis de la enfermedad, el tratamiento y las probables complicaciones que son inherentes al manejo médico ó quirúrgico y así esperar la evolución satisfactoria del paciente; pero garantizar devolver el estado de salud en su completa definición y con todos los determinantes sociales de la salud en contra, resulta muy aventurado.

La despenalización de la práctica médica no sólo es necesaria, es una petición justa que debe ir acompañada del desarrollo de políticas públicas que favorezcan a la corresponsabilidad de gobierno, población y comunidad médica para restaurar, mantener y fomentar el máximo estado de bienestar físico, mental y social posible.

La salud es una tarea de todos y debe trabajarse día a día; tener salud es apostar por el desarrollo social y económico del país; tener un sistema de salud fuerte que garantice la protección de la salud, es una tarea que va más allá de la atención médica en la trinchera.

El médico no tiene la facultad de devolver la salud, lo que si puede hacer es utilizar todos los conocimientos e infraestructura disponible para coadyuvar a recuperarla y disminuir las cicatrices de la desigualdad llamada enfermedad; en palabras del Dr. Francisco de P. Miranda podemos decir que “la salud pública no puede prosperar donde no existe la verdadera democracia”.

Bibliografía

  1. Draibe S., Riesco M. Estado de bienestar, desarrollo económico y ciudadanía: algunas lecciones de la literatura contemporánea. Serie estudios y perspectivas. México: CEPAL; 2006.
  2. Compromisos del Milenio.Organización mundial de la salud. España: OMS; 2014
  3. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México: INEGI; 2014.
  4. Evolución de la sanidad en México. Miranda F. Salud Pública Méx. 1991; 33(5):554-559
  5. Frenk. J. La salud de la población. Hacia una nueva salud pública. Fondo de Cultura económica, 1993. Reimpresión 1997.
  6. Bilbia de Referencia Thompson. 9a edición. EUA: editorial Vida; 1993. Pentateuco.
  7. Miranda F. Salud Pública Méx 1991; Vol. 33(5):554-559
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